El Perú se encuentra dentro del cinturón de fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Aunque los movimientos telúricos son inevitables, sus consecuencias pueden reducirse si las edificaciones cumplen con los estándares de seguridad estructural. Sin embargo, la informalidad continúa siendo una amenaza: entre 2008 y 2020, el 67% de las viviendas en Lima fueron construidas sin supervisión técnica, según CAPECO.
De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en el país se registran más de 200 sismos perceptibles al año. La vulnerabilidad se incrementa especialmente en Lima, debido a su densidad poblacional y crecimiento urbano desordenado, lo que exige mayor responsabilidad por parte de propietarios y residentes al evaluar el estado real de sus viviendas o edificios.
En este contexto, Tgestiona destaca la importancia de verificar la seguridad estructural de los inmuebles antes de que ocurra un evento sísmico. Contar con información técnica, realizar inspecciones profesionales y actuar frente a los daños detectados son pasos clave que pueden marcar la diferencia entre mantenerse a salvo o enfrentar pérdidas humanas y materiales.
Julio César Pretel Morales, supervisor de operaciones de Tgestiona, explica que el primer paso es revisar las señales visibles de deterioro. Fisuras en muros, techos o pisos, presencia de humedad en cimentaciones o deformaciones en columnas y vigas son indicadores de posibles problemas estructurales. La inspección periódica permite identificar corrosión del acero u otros defectos que podrían agravarse durante un sismo.
En segundo lugar, es imprescindible exigir el expediente técnico aprobado por la municipalidad correspondiente. Este documento acredita que la vivienda o edificio cumple con la normativa, incluida la Norma E.030 de Diseño Sismorresistente (2024-2025). Asimismo, se debe solicitar la conformidad de obra, que garantiza que la construcción se ejecutó según lo establecido.
El tercer paso consiste en realizar evaluaciones con profesionales acreditados. Solo ingenieros civiles colegiados o inspectores técnicos de seguridad en edificaciones (ITSE) están autorizados para validar la seguridad estructural. Una evaluación preventiva tiene un costo aproximado de entre S/ 3,000 y S/ 5,000 para viviendas pequeñas; entre S/ 8,000 y S/ 15,000 en edificios medianos; y desde S/ 20,000 en grandes construcciones.
Finalmente, si se detectan riesgos estructurales, se debe actuar de inmediato. Se recomienda emitir un informe especializado y ejecutar soluciones como la envolvente de concreto armado, que refuerza columnas o placas, mejorando su capacidad de resistencia. Instituciones como INDECI y las municipalidades distritales o provinciales también pueden brindar asesoría y acompañamiento técnico.