Con el inicio del año escolar 2026 a la vuelta de la esquina, el Indecopi lanzó una advertencia clara a los colegios: no todo puede figurar en la lista de útiles. En medio de la campaña escolar, la entidad recordó a los padres que existen límites legales sobre lo que las instituciones educativas pueden exigir.
Mariella Villacorta, representante de la Dirección de Protección al Consumidor, explicó que los colegios no pueden solicitar materiales que no estén directamente vinculados al proceso educativo. Artículos como papel higiénico, jabón líquido, platos o vasos descartables, insumos de limpieza o uso institucional deben ser asumidos por el propio centro educativo y no trasladados a las familias.
La única excepción, precisó, es cuando el producto responde a una necesidad directa del estudiante, como un jabón o una toalla personal para después de la clase de educación física. Fuera de esos casos, tampoco está permitido exigir implementos de limpieza para aulas ni materiales que no contribuyan al aprendizaje.
Otro punto clave es la prohibición de imponer marcas específicas en útiles o uniformes. Según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, los colegios no pueden direccionar las compras hacia determinados proveedores ni condicionar la matrícula a la adquisición de productos en establecimientos concretos. Además, la lista de útiles debe entregarse de manera progresiva y no en su totalidad el primer día de clases.
En cuanto a los libros escolares, no se puede obligar a comprar textos nuevos si los del año anterior se encuentran en buen estado y permiten su uso normal. La medida busca aliviar la carga económica de las familias en una temporada que suele representar un gasto significativo.
Indecopi recordó que, desde 2019, ha impuesto multas de hasta 450 UIT a instituciones que incumplieron estas disposiciones. Si un colegio incurre en una práctica irregular, los padres pueden registrar su queja en el Libro de Reclamaciones y, de no obtener respuesta, presentar una denuncia ante la entidad. Informarse y ejercer el derecho a reclamar, subrayó Villacorta, es clave para garantizar un inicio de clases justo y transparente.