Hasta el año pasado, el Perú se ubicaba como el segundo país con más llamadas spam en el mundo, solo por detrás de Brasil, según Truecaller Insights. Una persona recibía 18 de estas llamadas al mes, en promedio.
Para abordar esta situación, la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular presentó un proyecto que busca que solo se pueda enviar información y publicidad a los consumidores “que se contacten directamente con el proveedor y soliciten, dando su consentimiento informado, expreso e inequívoco, ser contactados”.
Este proyecto resalta que solo en estos casos se podrá utilizar los números telefónicos y correos electrónicos para esta práctica comercial, la cual puede ser revocada en cualquier momento por el usuario. Si la empresa incumple, estría incurriendo en una falta muy grave, cuya multa puede llegar a ser de 450 UIT.
Según Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), la normativa no funciona porque Indecopi no está haciendo efectivas las sanciones. “Si tú le dices a una empresa que no te interesa recibir su publicidad, no deberían volver a llamarte, pero no ocurre así, lo vuelven a hacer (…). Parece que este tema es visto como un tema menor”, indicó.